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Propuesta de Reforma Laboral dentro del marco de la Justicia Cotidiana
Propuesta de Reforma Laboral dentro del marco de la Justicia Cotidiana

Durante el 2015, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) entregó al Presidente de la República los resultados de su estudio y diagnóstico de los temas más sensibles para México, relacionados con la impartición de justicia, con el objetivo de dar a conocer una clara detección de las áreas de oportunidad en nuestro sistema.

Estos resultados confirmaron lo que todos sabemos: que tenemos un sistema de Justicia debilitado en algunos niveles y áreas de especialidad. Quizás los más claros fueron los correspondientes a la materia Laboral y Penal, donde hay más evidencias de amplios rezagos en la tramitación y solución de los asuntos, de la falta de una infraestructura adecuada, escasez de profesionales debidamente certificados y de un sistema procesal eficiente.

Por esta razón, el Jefe del Ejecutivo presentó en marzo de este año su propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que se recogieron de manera parcial algunos de los elementos y conclusiones de los trabajos realizados en la coordinación del CIDE. A esta iniciativa se le asocia con el gran proyecto de Justicia Cotidiana, pero en realidad no refleja ni se apega plenamente a las conclusiones y sugerencias de la mesa de trabajo -que durante varios meses desarrolló un proyecto que recoge más a detalle los parámetros resultantes de las inquietudes y propuestas de algunos de los principales protagonistas de la vida laboral y jurídica de nuestro país en esta materia.

Esta propuesta del Presidente Peña Nieto ha llegado con una fuerza política inusitada a los trabajos del Senado de la República, generando un interés legítimo de todos los actores políticos ahí reunidos por el avance del planteamiento que ofrece una opción de cambio importantísima en nuestro sistema de impartición de justicia, misma que consiste en la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que son órganos tripartitos dependientes del Poder Ejecutivo Federal y de los estados. Proponiendo que ahora sean constituidos Tribunales de la Materia Laboral -aún sin nombre específico, que dependerán del Poder Judicial tanto Federal como de los Locales atendiendo a la determinación de competencia que prevalece intacta del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo. Otro de los grandes cambios que propone esta reforma incipiente es relativo a la creación de un Organismo Autónomo Federal y Descentralizado que tendría como principales atribuciones:

• Regular y administrar el registro de las Organizaciones sindicales de toda la República sin distinguir la
   materia ni competencia por la actividad principal de los centros de trabajo.

• Registro de los Contratos Colectivos de Trabajo también a nivel nacional.

• Ser el organismo encargado de llevar la Conciliación de los Conflictos Laborales en materia federal.

También, se crearán Centros de Conciliación por cada entidad Federativa, que se encargarán obviamente de la atención de esta etapa para los asuntos de competencia local. Por otra parte, el tercer gran tema relativo a esta reforma es el que tiene que ver con Las Nuevas Reglas de Procedencia para que un sindicato pueda emplazar a huelga a una empresa y/o centro de trabajo con el fin de obtener la celebración o firma de un Contrato Colectivo, señalando ahora estas nuevas disposiciones que será un requisito previo ineludible que el sindicato que pretenda emplazar bajo estos supuestos deberá acreditar previamente ante la autoridad que realmente representa a los trabajadores de dicha empresa, quienes lo deberán expresar de forma libre y secreta. En cuyo caso esto último sería un paso fundamental para erradicar “el cáncer” de las extorsiones a empleadores por parte de sindicatos que, sin un derecho legítimo de representación, han utilizado el emplazamiento de este tipo para obtener enormes beneficios económicos.

En general, estas propuestas suenan interesantes desde la perspectiva de lograr cambios importantes en un sistema de justicia laboral que francamente se ha agotado principalmente debido al descuido y a la falta de recursos suficientes que por años han sufrido por parte del Poder Ejecutivo, según corresponde, y que a su vez han generado un gran rezago en la solución de los conflictos y con ello inevitablemente la corrupción e ineficacia.

Sin embargo, desde mi punto de vista quedan dudas muy serias en cuanto a cuales son los recursos económicos con los que el Poder Judicial Federal y los Estatales podrán enfrentar de una forma eficaz este cambio, ya que tendrán que crearse tribunales Laborales suficientes -en número y calidad- para atender la gran cantidad de demandas, sobre todo tomando en cuenta que los recortes al Presupuesto de la Federación para 2017 vienen con una disminución significativa de recursos en contraste con este año y, para que esta medida pueda ser efectiva, requiere forzosamente de este dinero, sin contar que además las Juntas de Conciliación no podrían ser eliminadas de inmediato por todos los asuntos en trámite previos a dicha reforma.

El camino aún es largo en este tema, ya que ahora corresponderá a la Cámara de Diputados estudiar y aprobar -o bien, presentar- propuestas de modificación al proyecto que enviará el Senado, por lo que los siguientes meses serán relevantes para comprender mejor en qué sentido puede transitar esta importante modificación legal y constitucional. A quienes de alguna forma tenemos una participación en los temas relacionados con el trabajo en este país, únicamente nos corresponderá estar atentos, aportar y sumar ideas que busquen la mejora de esta propuesta en beneficio del desarrollo sustentable de México.

Por Jaime Bustamante Miranda, Director Jurídico de ManpowerGroup Mecca

 

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